A 20 años de la Declaración de Viena: balance y perspectivas

A 20 años de la Declaración de Viena: balance y perspectivas

Nicolás Boeglin

ALAI AMLATINA, 27/06/2013.- Este 25 de junio, se 
cumplieron 20 años desde la histórica Declaración 
de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos adoptada en 1993. Este texto fundamental 
para la comunidad internacional y para las 
organizaciones que defienden los derechos humanos 
fue el primero en la historia en establecer el 
carácter indivisible e interdependiente de todos 
los derechos humanos entre sí, superando la 
(falsa) dicotomía consagrada en 1966 en el marco 
de las Naciones Unidas entre los llamados derechos 
civiles y políticos y los denominados derechos 
económicos, sociales y culturales. El punto 5 de 
la Declaración establece que: “5. Todos los 
derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. 
La comunidad internacional debe tratar los 
derechos humanos en forma global y de manera justa 
y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a 
todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el 
deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 
económicos y culturales, de promover y proteger 
todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. Sin lugar a dudas se trata de un 
desafío mundial que 20 años después sigue 
manteniéndose como tal: el sonrojo debería ser 
casi tan universal como el valor universal de los 
derechos humanos. El movimiento reciente de los 
“indignados” en todo el mundo iniciado con la 
consigna lanzada por un joven nonagenario, 
Stéphane Hessel en el 2010 (quién fuera asesor de 
René Cassin, coautor de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos aprobada en 1948) es tan solo 
un leve rubor de la sensación de injusticia, 
aunada a la insensatez y avidez de unos que 
confluyen en un irrespeto de los derechos humanos 
de la mayoría.

La situación de los derechos humanos en el 
hemisferio americano: La región latinoamericana se 
ha esforzado por ir paulatinamente superando 
regímenes autoritarios de los años 80 por 
regímenes democráticos resultado de elecciones 
periódicas, realizadas en condiciones aceptables. 
Pese a algunas tendencias autoritarias frenadas 
aquí y allá en los años 90 y 2000, y a 
“sustituciones” de Presidentes en ejercicio por 
golpes de Estado reconvertidos a legalidad de 
dudosa legitimidad, América Latina puede 
considerarse en términos generales – que siempre 
incluyen alguna que otra excepción- como 
representada por regímenes democráticos. No 
obstante, también se ha afirmado como la región 
más desigual del planeta. Desde los años 90, el 
acento puesto en los derechos civiles y políticos 
ha sido acompañado por una apertura al comercio 
mundial que ha hecho a un lado los derechos 
sociales (relegados a simples proclamas de buenas 
intenciones, salvo contadas excepciones). Son sólo 
algunos Estados los que, paralelamente al 
afianzamiento de sus instituciones en materia 
electoral, o judicial, han realizado intentos para 
redistribuir los ingresos generados por la 
globalización de su economía y con miras a obtener 
algunos logros notables en la reducción de la 
pobreza, en la mejora sustancial de las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales y 
de zonas urbano-marginales, y en la protección de 
un recurso tan estratégico como lo es el agua; 
mientras tanto, otros Estados siguen enfrascados 
en un modelo de desarrollo poco inclusivo que 
genera riqueza para unos pocos en detrimento de la 
gran mayoría. Parte de esta riqueza proviene a 
veces de un sistema de explotación laboral ante el 
que las entidades estatales se muestran 
extrañamente inoperantes; o bien de actividades 
extractivas con un alto riesgo ambiental 
(exponiendo así a comunidades, y hasta a regiones 
enteras a desastres ambientales) que terminan 
afectando a los más necesitados, y a mediano y 
largo plazo, a las finanzas de todo un país. La 
protección de las poblaciones indígenas de alguna 
manera ilustra esta situación, en la medida en que 
es en sus territorios en los que se ubican los 
yacimientos minerales y petrolíferos de mayor 
interés que quedan por explotar; y en la medida en 
que los bosques en los que se ubican estas 
poblaciones coinciden a veces con los bosques 
mejor protegidos sometidos a fuertes presiones. Lo 
mismo en relación a las cuencas mejor resguardas 
que ahora resultan ser las de mayor atractivo y 
potencial hidroeléctrico. En el año 2008, el 
Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales consagró 
jurídicamente la igualdad entre los derechos 
civiles y políticos y los derechos económicos, 
sociales y culturales, al permitir su exigibilidad 
ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas. Es notable que 
5 de los 10 primeros Estados en ratificarlo para 
permitir su entrada en vigor el pasado mes de mayo 
del 2013 fueran de la región latinoamericana (la 
décima ratificación de Uruguay se unió a las 
hechas previamente por Argentina, Bolivia, Ecuador 
y El Salvador, las cuales se sumaron a las de 
Bosnia-Herzegovina, Mongolia, España, Eslovaquia y 
Portugal).

El caso de Costa Rica: el notable deterioro de su 
Indice de Desarrollo Humano (IDH) desde mediados 
de los años 2000 es un síntoma elocuente de lo 
apuntado anteriormente: del puesto 48 (años 2006 y 
2007), paso al puesto 50 (2008), 54 (2009), 62 
(2010) y 69 (2011) según reporta el último informe 
del Estado de la Nación (XVIII, Informe, 2012, p. 
363). Esta entidad es contundente en su último 
informe: una riqueza mal distribuida que impacta 
de manera general al país como tal y un uso 
insostenible de su territorio con efectos 
negativos que impactan el ambiente. El acento 
puesto por la apertura comercial, la (engañosa) 
percepción de algunos decisores de considerar que 
los derechos humanos son asociados a luchas 
sociales en contra del la globalización explican 
posiblemente que para la conmemoración de los 40 
años del Pacto de San José (el 22 de noviembre del 
2009), este pasara totalmente desapercibido por 
parte de las autoridades nacionales. En octubre 
del 2010 se oyó incluso un discurso presidencial 
instigando a luchar contra ecologistas (y que a la 
fecha no ha dado lugar a rectificación alguna). En 
relación al motor de la onda democratizadora en 
América Latina de los años 90, un acto oficial, 
simbólico, inclusive una simple estampilla 
alegórica editada por Correos de Costa Rica no 
hubiese hecho ningún daño: hubiese por el 
contrario permitido conmemorar dignamente la gesta 
política y diplomática que significó su adopción 
en 1969 por parte del hemisferio americano en la 
capital de Costa Rica.

La base de la profundización del modelo 
democrático: desde una perspectiva integral e 
interdivisible como la establecida por la 
Declaración de Viena (y no “a la carta” como 
algunos Estados lo pretenden, exhibiendo sus 
logros en unos ámbitos y opacando datos sobre 
muchos otros), los derechos humanos constituyen la 
base para la profundización del modelo 
democrático. Las discusiones recientes en relación 
al acceso al agua como un derecho humano, al 
atraso (significativo) de Costa Rica para 
implementar las recomendaciones –varias de ellas 
urgentes - hechas en junio del 2009 por la 
Relatora de Naciones Unidas sobre Agua, Derechos 
Humanos y Saneamiento, el atraso (aún más 
significativo) en relación a las recomendaciones 
hechas por el Comité sobre Discriminación Racial 
(CERD) de Naciones Unidas en relación a los 
derechos de los pueblos indígenas, la diversas 
recomendaciones de la OIT en relación a la 
necesidad de reconocimiento pleno y efectivo de 
los derechos de los trabajadores (en particular en 
las zonas rurales y en las industrias 
agroalimentarias como piña, banano y naranja); o, 
más recientemente el debate sobre la Fecundación 
in Vitro y el triste espectáculo exhibido por la 
Asamblea Legislativa en relación al tema de los 
derechos de parejas del mismo sexo en la Asamblea 
Legislativa; así como la lancinante amenaza que 
pesa sobre poblaciones como las de 
Gandoca-Manzanillo debido a la orden de demolición 
de sus viviendas; o bien el reciente llamado a las 
Naciones Unidas y a la OEA realizado por la 
Defensoría de los Habitantes en relación a las 
actuales condiciones imperantes en los centros de 
privación de libertad, son, entre muchos otros 
temas, una elocuente muestra de una agenda en 
materia de derechos humanos que se ha visto 
suspendida desde muchos años para ciertos 
sectores. Vale la pena indicar al respecto desde 
ya que la deuda que Costa Rica viene arrastrando 
en varias álgidas materias de los derechos humanos 
(por inacción, negligencia o desidia del apartado 
estatal) ineludiblemente terminará en los estrados 
internacionales de derechos humanos.

- Nicolás Boeglin es Profesor de Derecho 
Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

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