Organizaciones sociales y ambientales emplazan a Bachelet
por transgénicos y Ley Monsanto
Fecha de Publicación: 08/12/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Chile
Carta pública que dirigen a la candidata a la presidencia
Sra. Michelle Bachelet, las organizaciones del movimiento Yo No quiero
transgénicos en Chile.
Santiago, 5 de diciembre de 2013
Carta pública a la Sra. Michelle Bachelet
Candidata a la Presidencia de la República
En representación de la Alianza por una Mejor Calidad de
Vida, compuesta por organizaciones sociales y ambientales, y por la Red de
Acción en Plaguicidas RAP-Chile, y también en nombre de la campaña Yo No quiero
Transgénicos en Chile, nos dirigimos a usted en forma pública. No obtuvimos
respuesta a nuestra carta enviada durante su primera campaña, para conocer su
posición frente a nuestras propuestas en materia de políticas públicas
orientadas al agro, en particular lo relativo al tema de la semilla campesina e
indígena, los cultivos transgénicos, y los plaguicidas. Nos preocupa su
silencio, que es consistente con el hecho que cuando fue presidenta, también se
negó a dialogar con 40 organizaciones sociales y ambientales que le solicitaron
una reunión para discutir el proyecto de Ley de Derechos de Obtentores
Vegetales que Ud. envió en 2010 a la Cámara de Diputados. También tenemos
presente que uno de sus ministros de Agricultura, Alvaro Rojas, en una
oportunidad apareció junto al gerente de Monsanto promoviendo los cultivos de
soya transgénica como una salida a la crisis del campo. Durante su gobierno
algunos de los firmantes hemos participado en mesas de trabajo sobre los
determinantes sociales, normativas sobre plaguicidas y convenios
internacionales sobre medio ambiente.
Hoy, además de su escueto programa de gobierno, nuestra
fuente indirecta sobre su postura, son sólo sus respuestas puntuales en
entrevistas o en la negociación con políticos, respecto de los temas que nos
preocupan y nos han tenido en constante movilización.
La Ley Monsanto – von Baer
En cuanto a la Ley Monsanto –von Baer, su programa de
gobierno menciona su disposición a “revisar” este proyecto de Ley, lo cual
reiteró en TVN (El Informante, 3 de diciembre) al sostener que no le gusta la
ley porque cuando se envió “tenía otro sentido de lo que ha llegado a ser y hay
evidencia clara que habría elementos que podrían dañar la salud y, más
importante, podría afectar la soberanía alimentaria y las semillas
tradicionales." Sin embargo la ley que discute el Senado no ha sufrido
ningún cambio respecto del proyecto original que en su esencia entrega nuevas
garantías a los obtentores a costa de los derechos de campesinos e indígenas.
Deducimos que ese proyecto de ley fue hecho por las empresas semilleras,
avalado por el Ministerio de Agricultura y endosado por Ud. sin analizarlo.
Revisar el proyecto es inconducente, porque los artículos conflictivos son
justamente el eje de la iniciativa que permitiría alinear nuestra legislación
con las exigencias del convenio UPOV 91, defendido por las citadas empresas.
Por tanto sería coherente de su parte, retirar este proyecto de Ley de Derechos
de Obtentores Vegetales y mantener en vigencia la actual Ley de Semillas N º
19.342 y el convenio UPOV 78. Para proteger la biodiversidad es imperativo
adoptar medidas tendientes a ratificar el Protocolo de Cartagena sobre
Bioseguridad de la Tecnología y el Protocolo Suplementario de Nagoya (2010)
sobre Acceso a los Recursos Genéticos, y Participación Justa y Equitativa en
los Beneficios Derivados, así como el Protocolo de Nagoya/Kuala Lampur Sobre
Responsabilidad y Compensación, ambos emanados de Naciones Unidas.
Soberanía alimentaria y transgénicos
Si a Ud. realmente le preocupa el tema de la soberanía
alimentaria - entendida como nuestro derecho ciudadano y el derecho de
campesinos y campesinas a decidir qué producen y cómo producen sus alimentos,
de acuerdo a su cultura y tradiciones - su programa de gobierno tendría que
haber incluido políticas públicas tendientes a la protección real de la
agricultura familiar campesina y la producción agroecológica, en lugar de
orientar todo el esfuerzo productivo hacia la exportación, ignorando a los
mercados locales y los y las consumidores chilenos. No existe en su programa
ninguna medida de incentivo a la producción con métodos naturales de control de
plagas. Tampoco su programa protege a la apicultura de los riesgos que enfrenta
debido a los cultivos transgénicos. No hay medida alguna orientada a prohibir
los plaguicidas más peligrosos que afectan esa actividad y se utilizan en
fumigaciones aéreas y terrestres de la agroindustria, dañando la salud de niños
y niñas en aldeas y escuelas rurales, y permaneciendo como residuos en las
frutas y verduras que todos consumimos.
Vía CNN, el 5 de diciembre (anuncio de acuerdo con Sfeir)
usted introdujo promesas adicionales: “regular los transgénicos” y promover una
política nacional de BioSeguridad para cumplir con los compromisos
internacionales. Este es el lenguaje utilizado a nivel internacional para la
implementación de los cultivos transgénicos, cuestión contradictoria con su
afirmación respecto de la nueva mirada de alerta que se desprende de la evidencia
científica del daño provocado por estos cultivos.
Si realmente Ud. ahora sabe, al igual que nosotros y
nosotras, que los cultivos transgénicos provocan impactos dañinos en la salud,
y está comprometida con la protección de la biodiversidad y la semilla
campesina, su programa tendría que incorporar una ley de moratoria a los
transgénicos, como la vigente en Perú, país que paralelamente está elaborando
una línea de base de su biodiversidad.
Cuando Ud. fue Ministra de Salud, elaboró y firmó junto al
ex Presidente Lagos el decreto 293 del 26 de abril de 2000 sobre etiquetado de
los transgénicos. Pero ustedes resolvieron no promulgarlo, cediendo a la
presión empresarial. Ahora tampoco su programa incorpora una ley de etiquetado
de los alimentos procesados que contienen transgénicos. En cambio llama a
“mejorar la calidad y lograr diferenciar nuestros productos apoyando a
productores o redes de productores, en sus proyectos de mejoramiento de la
calidad y diferenciación, poniendo énfasis en el acceso a certificaciones
especializadas.” Son generalidades que permiten la continuidad de las políticas
de su anterior gobierno y del gobierno de Sebastián Piñera, nefastas para la
agricultura campesina.
Ud. apoyará la “formalización”, un proceso en curso que a
través de INDAP, PRODESAL y SAG, con la excusa de la trazabilidad, ya está
obligando a los productores y productoras rurales a comprar semilla certificada
para poder acceder a mercados, e impide usar la semilla tradicional y producir
en forma sana a las mujeres campesinas y a las productoras en general. Este
tipo de medidas sólo tiende a favorecer a los productores de semillas híbridas
y de plaguicidas, que venden semillas certificadas que son “desinfectadas” con
fungicidas o insecticidas. Recomendaríamos analizar las medidas adoptadas
recientemente en Brasil para apoyar la agricultura familiar campesina, a través
de la no exigencia de semilla certificada y el apoyo a la certificación
participativa.
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